Por fin es una realidad la adjudicación de la Autopista del Ámbar. Tras ocho meses de licitaciones, evaluaciones técnicas y el ojo vigilante de la veeduría ciudadana, el proyecto parece dejar atrás el terreno de las promesas electorales y el bulto político para entrar, por fin, en lo que importa: la ejecución. Es un avance innegable, desde luego, pero en este lado del Caribe sabemos de sobra que la verdadera prueba de fuego arranca justamente ahora.
Esta conexión entre Santiago y Puerto Plata no es un capricho de infraestructura ni una obra para salir del paso. Estamos ante un corredor que va a recortar drásticamente el trayecto entre el motor económico del Cibao y la costa atlántica. Esto es oxígeno directo para el turismo regional, permitiendo traslados más rápidos y seguros desde el aeropuerto hacia los hoteles, pero también es un alivio real para el bolsillo de los productores y empresarios locales al abaratar los costos logísticos. Conectar el potencial exportador cibaeño con la Novia del Atlántico dejó de ser un lujo hace mucho tiempo; es una necesidad impostergable si de verdad queremos competir.
Sin embargo, aquí es donde hay que poner los pies sobre la tierra. En la República Dominicana ya nos conocemos este guion de memoria. Nuestra historia reciente está plagada de anuncios grandiosos y “primeros palazos” entusiastas que terminaron sepultados en el limbo de los tribunales, adendas contractuales opacas, sobrecostos inexplicables o retrasos eternos. Por eso, el optimismo actual tiene que ser un optimismo desconfiado. El éxito de este proyecto no se va a medir por el corte de cinta en el acto oficial ni por los comunicados de prensa del Gobierno, sino por los metros de asfalto bien colocados y el respeto estricto al presupuesto.
Para que esta vez la historia sea distinta, el Gobierno y el consorcio ganador tienen que asumir que la transparencia no se acaba con la firma del contrato. Al contrario, ahora que empieza a correr el gran flujo de capitales es cuando más vigilancia se necesita. No bastan las buenas intenciones. Se requieren portales de información actualizados de verdad —sin datos rezagados de meses—, cronogramas que la sociedad civil pueda auditar mes a mes y consecuencias reales ante cualquier intento de retrasar la obra o inflar los costos.
Entramos en la etapa decisiva. El país no está pidiendo milagros de ingeniería ni discursos épicos; pide, simplemente, gerencia eficiente y cuentas claras. La Autopista del Ámbar tiene la oportunidad de oro de convertirse en el modelo de cómo hacer obra pública con dignidad y seriedad en el país. Ojalá que los constructores y los supervisores estén a la altura del reto y no nos salgan, en un par de años, con otro cuento.
